La discusión en torno a la reforma energética en la Cámara de Diputados ha escalado a un nuevo nivel de controversia, centrándose ahora en las implicaciones que podría tener sobre el control y la distribución de servicios de internet en México. El debate ha puesto de manifiesto las profundas divisiones entre la oposición y el partido gobernante respecto al papel del Estado en las telecomunicaciones.
El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, del Partido Acción Nacional (PAN), levantó la voz de alarma durante su intervención en tribuna, advirtiendo sobre los riesgos que, a su juicio, conlleva la reforma propuesta. Pérez Díaz argumentó que el lenguaje de la iniciativa podría abrir la puerta a un control estatal sobre los contenidos de internet, comparando la situación potencial con regímenes restrictivos como los de Cuba, Venezuela y China.
«Cuando el Estado asume el control de una industria estratégica, como lo haría con el Internet, también tiene el potencial de convertirse en juez y parte», señaló el legislador panista. Su preocupación se centra en la posibilidad de que el gobierno no solo regule tarifas y condiciones de operación, sino que también pueda controlar el contenido que circula en la red.
Pérez Díaz citó textualmente la propuesta de reforma, que incluye al servicio de internet provisto por el Estado entre las funciones que no constituirían monopolios. Esta formulación, según el diputado, podría violar principios fundamentales de neutralidad, competencia y respeto a los derechos ciudadanos. Además, advirtió que la reforma podría contravenir los principios rectores del T-MEC, poniendo en riesgo la inversión privada en un sector que requiere constante innovación tecnológica.
En respuesta a estas acusaciones, la diputada Dolores Padierna de Morena ofreció una interpretación diferente de los objetivos de la reforma. Según Padierna, la intención no es restringir o eliminar el internet privado, sino extender la cobertura a zonas marginadas y de difícil acceso. «Se trata de llevarlo a zonas apartadas, a las carreteras, a las plazas públicas, a los centros de salud, a las escuelas, a las comunidades alejadas», explicó la legisladora.
Padierna hizo hincapié en la necesidad de cerrar la brecha digital en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde aún existen áreas sin cobertura total de internet. Desde esta perspectiva, la reforma buscaría empoderar al Estado para que pueda proporcionar servicios de internet en lugares donde la iniciativa privada no ha llegado o no tiene interés en invertir.
Este debate pone de manifiesto las tensiones existentes entre las visiones de un Estado más interventor en sectores estratégicos y aquellas que privilegian la participación del sector privado. Mientras el gobierno argumenta que busca garantizar el acceso universal a internet como un derecho, la oposición teme que esto pueda derivar en un control excesivo sobre la información y la libertad de expresión en línea.
La discusión sobre esta reforma energética y sus implicaciones en el sector de las telecomunicaciones promete continuar, planteando importantes cuestionamientos sobre el equilibrio entre el desarrollo de infraestructura digital, la libertad de expresión y el papel del Estado en la era digital.
Créditos de la Nota |
Redacción: Quadro24
Fuente: Sesión de la Cámara de Diputados
Fotografía: Captura de pantalla
