La Cámara de Diputados de México aprobó este miércoles una reforma constitucional de gran alcance que modifica el estatus de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), devolviéndoles la categoría de empresas públicas. Esta decisión, respaldada por la mayoría oficialista con 353 votos a favor y 122 en contra, marca un giro significativo en la política energética del país, revirtiendo cambios implementados en 2013.
La reforma, originalmente propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado, implica modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución mexicana. Estos cambios no solo afectan el estatus de Pemex y CFE, sino que también abordan áreas estratégicas como el manejo del litio y los servicios de internet, reforzando el control estatal sobre sectores clave de la economía.
Durante el debate legislativo, la iniciativa enfrentó fuertes críticas de la oposición. El diputado panista César Augusto Rendón García advirtió sobre un posible deterioro en la calidad de los servicios energéticos como consecuencia de este cambio. Por su parte, la legisladora emecista Claudia Gabriela Salas Rodríguez cuestionó la falta de claridad en cuanto a la regulación de la inversión privada en el sector.
Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía, defendió la reforma durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Según González, el objetivo es garantizar que la CFE genere el 54% de la energía del país, dejando el 46% restante a empresas privadas. La funcionaria aseguró que esta medida busca incentivar la inversión privada al brindar mayor certeza a los accionistas, mientras se mantiene el control estatal sobre la distribución y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
Sin embargo, críticos como el diputado priista Mario Zamora Gastélum advirtieron sobre posibles violaciones a los derechos humanos y complicaciones en acuerdos comerciales internacionales, especialmente con Estados Unidos. Estas preocupaciones subrayan la complejidad y las potenciales ramificaciones de la reforma en el panorama energético y económico de México.
La aprobación de esta reforma marca un momento crucial en la política energética mexicana, reavivando el debate sobre el papel del Estado en sectores estratégicos y su impacto en la inversión privada y las relaciones comerciales internacionales. Mientras el gobierno defiende la medida como necesaria para garantizar la soberanía energética y el acceso universal a la electricidad, sus detractores temen un retroceso en la modernización y eficiencia del sector.
Créditos de la Nota |
Redacción: Quadro24
Fuente: Sesión de la Cámara de Diputados, Conferencia matutina presidencial
Fotografía: Captura de video
