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Redacción: Quadro24
Fuente: EFE
Fotografía: Shutterstock
La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, ha lanzado una propuesta que podría acelerar el controvertido juicio por corrupción contra el primer ministro Benjamín Netanyahu. En un documento judicial presentado este domingo, Baharav-Miara sugiere que el testimonio del mandatario se lleve a cabo a más tardar el 1 de noviembre de este año, rechazando categóricamente la solicitud de la defensa de Netanyahu de posponer la declaración hasta marzo de 2025.
La oficina de la fiscal general argumenta que un aplazamiento prolongado equivaldría a «congelar la causa durante ocho meses», lo que va en contra del interés público de concluir el proceso criminal y alcanzar un veredicto. Baharav-Miara enfatiza que retrasar la finalización del proceso causaría un «daño sustancial al público», subrayando la importancia de mantener la integridad y la eficiencia del sistema judicial.
El caso contra Netanyahu, que se remonta a 2019, incluye acusaciones de fraude, cohecho y abuso de confianza en tres casos separados de corrupción. Se le imputa la recepción de regalos a cambio de favores políticos y supuestos tratos preferenciales para obtener una cobertura mediática positiva para él y su familia. El juicio, que comenzó en mayo de 2020, ha experimentado varios retrasos, incluyendo una pausa significativa tras los ataques de Hamás del 7 de octubre y el inicio de la guerra en Gaza.
La defensa de Netanyahu ha argumentado que la «realidad actual», en medio de un conflicto armado, requiere un período más extenso para preparar al primer ministro para su testimonio. Sin embargo, la fiscalía parece determinada a mantener el impulso del caso, a pesar de las circunstancias excepcionales que enfrenta el país. El Tribunal de Distrito de Jerusalén tiene programada una audiencia para el martes, donde se decidirá si se aceptan o rechazan los argumentos de la defensa del primer ministro.
Este desarrollo legal ocurre en un momento crítico para Netanyahu y para Israel. Mientras el país continúa enfrentando desafíos de seguridad significativos, la presión sobre el primer ministro para que responda a las acusaciones de corrupción sigue aumentando. La ley israelí establece que un primer ministro no está obligado a dimitir si es acusado, a diferencia de otros ministros, lo que ha permitido a Netanyahu mantener su posición de poder a pesar del proceso judicial en su contra.
La decisión del tribunal sobre cuándo Netanyahu deberá testificar podría tener implicaciones significativas no solo para el caso legal, sino también para la estabilidad política de Israel. Si el tribunal se alinea con la propuesta de la fiscalía, Netanyahu se vería obligado a enfrentar las acusaciones en un futuro cercano, potencialmente en medio de los continuos desafíos de seguridad nacional. Por otro lado, si se concede la extensión solicitada por la defensa, podría interpretarse como un retraso táctico que prolonga la incertidumbre legal y política que rodea al primer ministro.
